Un crack

Reconoce los hechos pero no ha devuelto el dinero. Ha sido condenado a cuatro años de cárcel.

Primero fueron cantidades no muy importantes para una caja que mueve miles y miles de euros, pero al cabo de cinco años, Juan Manuel G.C. logró malversar hasta 233.664,48 euros al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, un dinero que no consta que haya devuelto aunque haya reconocido el delito, lo que le ha librado de un juicio con jurado.

Al reconocer los hechos, la Fiscalía y la abogada de la defensa llegaron a una sentencia de conformidad, rebajada a la mitad de la pena que en principio se pedía por malversación de caudales públicos, cometida por funcionario, en concurso con la falsedad en documento oficial. El caso es que Juan Manuel siempre reconoció los hechos, desde que fue investigado y luego condenado por el Tribunal de Cuentas en 2006. Acto seguido, los abogados del Ayuntamiento abrieron la vía penal.

El condenado era operador de ordenador. Estaba al cargo de la sección de informática del Servicio de Administración General y Gestión de Recursos del Área de Servicios Centrales, que incluye la de Ejecución de Presupuesto (pago nóminas) y por ello tenía las claves de usuario y contraseña para acceder a las bases de datos municipales.

Accedía al servidor de Oracle y, desde allí, a una clave informática que le permitía modificar su nómina con un editor SQL, tanto en el sueldo base como en complementos, total de devengo y líquido a percibir. Una vez que se había hecho la transferencia bancaria, Juan Manuel volvía a acceder a la misma base de datos e introducía los datos correctos de sus haberes.

Para no dejar ni rastro de estas operaciones y que no quedara su huella en el llamado “borrador de nóminas”, el acusado introdujo una modificación en la programación del aplicativo GINPIX-CS, para que el borrador reconociera el pago en nómina que se le había hecho.

Llevó a cabo está maniobra durante cinco años, pero no todos los meses. Entre agosto y diciembre de 2000 se llevó 5.900.000 pesetas (35.459,71 euros); entra marzo y diciembre de 2001 malversó 71.409,24 euros; entre mayo y diciembre de 2002 hizo cinco operaciones por un valor de 56.223,46 euros. En febrero, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2003 se apropió de 52.067,08 euros y, finalmente, entre febrero y noviembre de 2004, de otros 18.504,99 euros.

A los 233.664,48 euros malversados, el Ayuntamiento ha añadido otros 19.371,43 por intereses. Y, por supuesto, el operador de ordenador ha perdido su puesto de trabajo, ya que no podrá ser funcionario público en seis años.

Fuente: Canarias Ahora.es